Por Raúl Germán Bautista.- La revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados, a quienes se les ordenó 18 meses de prisión preventiva, en el caso de corrupción en la ARS Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuyo principal imputado es Santiago Hazim, está pautada para el martes 5 de mayo de 2026 en el Séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional a las 9:00 de la mañana, cuyo juez es Deivi Timoteo Peguero.
En este caso de corrupción, develado en el programa N Investiga, conducido por Nuria Piera, originalmente, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, había fijado para hoy 11 de marzo la revisión obligatoria de la medida de coerción, pero como ellos había recurrido y fue rechazada el 5 de febrero en la madrugada, por eso varío para mayo.
El magistrado Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado por las autoridades como presunto cabecilla del entramado de corrupción. La medida también fue dictada contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
El juez estableció, además, que la medida de arresto domiciliario impuesta a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella tendrá una duración máxima de ocho meses, salvo que el tribunal competente, ante un cambio en los presupuestos que motivaron su imposición, decida sustituirla por una medida más gravosa o distinta.
La decisión está contenida en la resolución núm. 0668-2025-SMDC-02421, correspondiente al expediente núm. 2025-0325417, en el que se conoce el proceso judicial contra varios exfuncionarios y particulares vinculados al entramado.
El Ministerio Público de la República Dominicana persigue sanciones penales contra los responsables de presuntamente desfalcar al Estado por más de 19 mil millones de pesos, a través de SeNaSa, así como el decomiso de los fondos sustraídos.
Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
