La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) planteó la necesidad de fortalecer el marco legal de defensa de la competencia como un instrumento clave para combatir prácticas desleales que distorsionan los mercados, afectan a las empresas formales y perjudican a los consumidores.
El planteamiento fue realizado durante el Encuentro Industrial “Hacia un nuevo marco legal de defensa de la competencia en la República Dominicana”, actividad que contó con la participación de la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras.
Durante el evento, el liderazgo industrial consideró oportuna la iniciativa de reforma a la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, al entender que permitirá actualizar las reglas del mercado y fortalecer la competencia leal en el país.
AIRD pide sanciones más eficaces
El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que reformar la legislación vigente representa un paso necesario para modernizar las reglas que regulan los mercados.
Brache sostuvo que el sector industrial espera que el nuevo marco jurídico permita sancionar con mayor eficacia prácticas desleales, entre ellas los ilícitos comerciales, el contrabando y las falsificaciones.
“Cuando las reglas del juego son claras y las instituciones funcionan con criterios técnicos y procesos ágiles, las empresas tienen mayor confianza para invertir, innovar y generar empleos”, expresó.
El dirigente empresarial agregó que las economías modernas requieren normas adaptadas a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y comerciales.
Asimismo, señaló que un sistema sólido de competencia contribuye a los objetivos de Meta RD 2036, iniciativa orientada a fortalecer la competitividad económica, la institucionalidad y el crecimiento inclusivo del país.
ProCompetencia destaca modernización del marco legal
Por su parte, la presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, explicó que el anteproyecto de Ley Antimonopolio y de Competencia Económica representa una transformación estructural del marco legal vigente.
Indicó que la propuesta surge tras 18 años de la promulgación de la Ley 42-08 y nueve años de su plena vigencia, y que ha sido desarrollada mediante un proceso técnico con respaldo de organismos internacionales.
Según explicó, el objetivo es fortalecer la seguridad jurídica, consolidar la institucionalidad económica y promover mercados más dinámicos y transparentes, elementos clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones.
Por: Yari Araujo
