El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este jueves a Sarah Rogers, actual subsecretaria de Diplomacia Pública del Departamento de Estado, para dirigir la Agencia para los Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), organismo que supervisa medios públicos como Voz de América (VOA).
La designación de Rogers, que deberá ser confirmada por el Senado, se produce en medio de una disputa legal por el intento de la Casa Blanca de desmantelar la histórica emisora internacional.
Según documentos legales revisados por EFE, Trump también designó al subsecretario de Estado para Gestión y Recursos, Michael Rigas, como consejero delegado interino de la USAGM mientras se completa el proceso de confirmación de Rogers.
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Contexto de disputa legal
El nombramiento llega después de que un juez federal invalidara la designación de Kari Lake, aliada política de Trump, como directora interina de la agencia.
Desde el regreso de Trump a la presidencia en enero pasado, su administración ha intensificado las críticas contra instituciones culturales, universidades y medios públicos.
En marzo de 2025, el mandatario ordenó el desmantelamiento de la USAGM. Desde entonces, Lake ha despedido o colocado en licencia administrativa a más de 1.400 empleados, lo que redujo en 85 % la plantilla del organismo.
La agencia también supervisa la Oficina de Transmisiones para Cuba (OCB), responsable de medios como Radio y TV Martí.
Demandas judiciales
Durante audiencias en el Congreso, Lake acusó sin presentar pruebas a Voz de América de operar bajo la influencia del Partido Comunista de China y de difundir contenido crítico hacia Trump durante la campaña presidencial de 2024.
Estas decisiones derivaron en acciones legales. El exdirector de VOA, Mike Abramowitz, junto a varios periodistas del medio, presentó dos demandas contra la orden ejecutiva de Trump.
La semana pasada, un juez federal en Washington declaró inválidos los despidos ordenados por Lake al considerar que su gestión como directora interina de USAGM “no cumple con los requisitos de la ley ni de la Constitución”.
Se espera que la administración Trump apele la decisión judicial, en un caso que podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Con información de EFE.
Por: Yari Araujo
