El Gobierno de España rechazó este miércoles la solicitud de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de investigar el caso de la eutanasia de la joven Noelia Castillo, y pidió a Washington que no intervenga en asuntos internos del país.
La reacción surge luego de que el tabloide estadounidense New York Post informara que la Casa Blanca habría solicitado a su embajada en Madrid abrir una investigación sobre el proceso que llevó a la muerte de la joven de 25 años, así como sobre presuntas fallas en materia de derechos humanos y actuaciones policiales vinculadas a su caso.
Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García criticó la iniciativa y acusó a Estados Unidos de “alimentar la agenda ultra internacional”, al tiempo que defendió el sistema sanitario español y su marco legal. “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege a todas las personas”, afirmó, al pedir a Trump que “deje de meter sus narices en cualquier sitio”.
El caso de Noelia Castillo generó atención internacional tras una prolongada batalla judicial por su derecho a la eutanasia, procedimiento que finalmente se llevó a cabo el pasado 26 de marzo. De acuerdo con fallos judiciales en España, la joven cumplía con los requisitos legales para acceder a la muerte asistida, tras sufrir una condición grave, crónica e irreversible.
Según la información publicada en Estados Unidos, la investigación también estaría motivada por cuestionamientos sobre una supuesta retractación de la joven y por denuncias relacionadas con agresiones sexuales previas. Sin embargo, tribunales españoles descartaron esas versiones y concluyeron que no existían pruebas válidas que invalidaran su voluntad.
La controversia se produce en medio de tensiones diplomáticas, ya que Washington también habría solicitado información sobre posibles implicaciones migratorias en los hechos denunciados, lo que ha sido rechazado por autoridades españolas.
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, respaldó el sistema legal vigente y aseguró que España defenderá “con toda firmeza” el derecho a una muerte digna, subrayando que el país cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en esta materia.
