El Gobierno de Donald Trump solicitó una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, una joven de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la legislación española, lo que ha generado tensiones con autoridades del país europeo.
Según el New York Post, el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de Estados Unidos en Madrid a recabar información sobre cómo se manejó el caso y las decisiones que permitieron realizar el procedimiento. Funcionarios estadounidenses, citados de forma anónima, expresaron preocupación por posibles fallas en la protección de personas vulnerables y cuestionaron la aplicación de la ley en casos no terminales o con condiciones psiquiátricas.
También señalaron que la joven habría mostrado dudas antes de someterse al proceso, lo que, según indicaron, pudo haber sido ignorado, generando inquietudes sobre derechos humanos.
Noelia Castillo falleció la semana pasada en Sant Pere de Ribes, Barcelona, tras un proceso judicial que se extendió por más de un año. La joven, que padecía paraplejia, había recibido la autorización para la eutanasia en julio de 2024, tras la evaluación de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, organismo encargado de validar estos procedimientos conforme a la ley.
Los tribunales españoles determinaron que la joven tenía plena capacidad para tomar la decisión y que su voluntad de acceder a la eutanasia se mantuvo firme desde abril de 2024.
El caso ha sido cuestionado por sectores como la Fundación Abogados Cristianos. Su presidente, José María Fernández, calificó la situación como un “fracaso del sistema sanitario” y afirmó que mantuvieron la esperanza de que la joven cambiara de decisión.
Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, respondió con dureza a la postura de Estados Unidos y pidió que no intervenga en asuntos internos del país.
“Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”, expresó la funcionaria en la red social X.
García defendió el sistema sanitario español y aseguró que la eutanasia se aplica bajo un marco legal riguroso, con evaluaciones médicas y respaldo judicial, garantizando los derechos de quienes deciden optar por una muerte asistida.
