Un tribunal condenó a 30 años de prisión a Pedro Samuel Fernández Sánchez, tras acoger la solicitud del Ministerio Público por intento de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada, luego de que en 2024 disparara a su expareja frente a una concurrida repostería en Santiago.
De acuerdo con la acusación, el imputado interceptó a la víctima y le realizó un disparo en el rostro con la intención de quitarle la vida, utilizando un arma de fuego que portaba de manera ilegal.
El Ministerio Público demostró que el condenado mantenía una conducta reiterada de persecución, vigilancia y amenazas contra la víctima.
Además de la pena máxima, el tribunal ordenó al condenado pagar una indemnización de dos millones de pesos a favor de la víctima, así como el decomiso de las pruebas materiales utilizadas en el proceso.
La investigación, dirigida por la fiscal Niovy Gómez, estableció que el agresor vigilaba constantemente a la mujer y planificó el ataque con antelación.
Durante el juicio, la fiscal Reyna Jiménez explicó que el procesado actuó con premeditación y asechanza, llegando incluso a alquilar un vehículo para seguir a la víctima sin levantar sospechas.
Ataque ocurrió frente al lugar de trabajo
Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando el agresor esperó a la víctima frente a su lugar de trabajo. La mujer llegó a bordo de un motoconcho, momento en el que el imputado la interceptó.
Tras advertirle lo que haría, le disparó en el rostro y huyó de la escena.
La agresión dejó graves consecuencias en la víctima, incluyendo secuelas psicológicas y daños estéticos permanentes por desfiguración facial, según el peritaje realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Pruebas contundentes sustentaron la condena
El Ministerio Público presentó múltiples evidencias, entre ellas el arma de fuego ilegal utilizada en el hecho, videos de cámaras de vigilancia y conversaciones que evidenciaban las intenciones del agresor.
El caso fue conocido por el Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos.
La Fiscalía de Santiago también sustentó la acusación en violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas.
Por: Yari Araujo
