(EFE).- La industria del hidrógeno bajo en emisiones puede suponer inversiones por valor de hasta 300,000 millones de dólares en América Latina y el Caribe al año 2050, además de la generación de cerca de 350,000 empleos, según estimaciones de la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade).
El informe de la Olade, titulado ‘Perspectivas del hidrógeno bajo en emisiones en América Latina y el Caribe’, también proyectó un requerimiento en infraestructura eléctrica de 400 gigavatios, así como exportaciones de hidrógeno por encima de las 11 millones de toneladas al año, equivalentes a más de 13,000 millones de dólares.
Estos cálculos provienen del análisis de las estrategias de desarrollo del mercado de hidrógeno en los distintos países de América Latina y el Caribe, en el marco de varias actividades relacionadas con este sector energético, que la Olade está liderando.
De interés: Tras oposición sin éxito de Brasil: La OEA designa a Rosa María Payá como comisionada del CIDH
Estas actividades buscan fortalecer las capacidades de la región para el fomento a la ejecución de proyectos de hidrógeno bajo en emisiones.
De acuerdo a las metas de instalación de proyectos, así como a las proyecciones regionales de producción de hidrógeno bajo en emisiones, al 2050 la capacidad instalada de electrólisis podría rondar los 200 gigavatios, mientras que la potencia de generación eléctrica llegaría a más de 400 gigavatios.
Los datos de estas perspectivas están lanzados en base a las proyecciones de los propios países y en estimaciones del organismo.
Para alcanzar ese objetivo, la Olade subraya que el desarrollo de esta industria requerirá importantes inversiones en infraestructura así como de generación eléctrica y destaca la relevancia estratégica del hidrógeno para la transición energética de la región y su inserción en los mercados internacionales.
La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica, de carácter público intergubernamental, ratificado por 27 estados de la región, que lucha por defender los recursos energéticos latinoamericanos.
Entre sus integrantes figuran Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
