La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) calificó como trascendental la promulgación del nuevo Código Penal dominicano por parte del presidente Luis Abinader, al considerar que se trata de una respuesta esperada por la sociedad y una herramienta clave para fortalecer la justicia y la transparencia en el país.
La organización reconoció la valentía y el liderazgo de los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como de los legisladores que apoyaron la aprobación de la pieza legislativa, que fue promulgada como ley número 74-25. ADOCCO valoró el esfuerzo conjunto de ambas cámaras para sacar adelante una normativa que, según su presidente, marcará «un antes y un después» en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en agosto de 2026, fortalece el combate a la corrupción administrativa mediante el aumento de los plazos de prescripción, el endurecimiento de las sanciones penales y la inhabilitación permanente de los condenados para ejercer funciones públicas. La ley responde así a los lineamientos del artículo 146 de la Constitución dominicana, que proscribe los actos de corrupción.
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Uno de los aspectos más innovadores es la consideración de la corrupción como un “concierto de delitos”, agrupando múltiples figuras delictivas como la coalición de funcionarios, concusión, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, peculado, sobrevaluación, conflicto de intereses y otras prácticas asociadas al uso indebido de recursos públicos. El artículo 284 define como corrupción pública cualquier acto mediante el cual un funcionario obtenga beneficios personales o para terceros, haciendo uso indebido de su posición o de bienes del Estado.
ADOCCO resaltó de forma especial la tipificación del peculado de uso, una práctica frecuente en la administración pública, que consiste en la utilización de bienes estatales —como vehículos, equipos o instalaciones— en beneficio de particulares. Este delito será sancionado con penas de cinco a diez años de prisión mayor y multas de diez a veinte salarios mínimos del sector público, de acuerdo con el nuevo texto legal.
La ley también establece en su artículo 308 que las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años, contados a partir del momento en que se comete el hecho. Esta disposición amplía significativamente las posibilidades de investigación y enjuiciamiento de hechos de corrupción que antes quedaban impunes por prescripción.
“Por primera vez tenemos un Código Penal que enfrenta de forma frontal la corrupción. Le dedica un título completo, con capítulos, secciones y subsecciones, que contienen 25 artículos, varios de ellos con párrafos adicionales. Este nuevo instrumento marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana”, afirmó Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO.
