La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) aclararon que la reforma no elimina el régimen de consecuencias para los funcionarios municipales, sino que traslada las sanciones del ámbito penal al marco constitucional y administrativo vigente, el cual contempla expresamente la destitución de los funcionarios municipales que incumplan la ley.
Ambas entidades explicaron que los funcionarios que incumplan la ley continúan sujetos a destitución, sanciones administrativas y responsabilidad institucional, conforme a la Constitución y al nuevo Código Penal, desmintiendo versiones que aseguran una despenalización total sin consecuencias.
Fedomu y la LMD reiteraron que la modificación no debilita la transparencia ni la rendición de cuentas, y que los gobiernos locales siguen bajo la supervisión de los órganos de control del Estado y del escrutinio ciudadano.
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Lo que sí cambia la reforma
Además del aspecto sancionador, el proyecto introduce modificaciones en la estructura de distribución del presupuesto municipal. La ley vigente establece porcentajes fijos: 30 % para gasto de personal, 40 % para funcionamiento y servicios, 5 % para programas de educación, salud y género y 25 % para inversión en obras.
La propuesta unifica los renglones de nómina y funcionamiento, dejando a discreción de los alcaldes la proporción que se destine a cada uno, manteniendo únicamente como obligatorios el 5 % para programas sociales y el 25 % para inversión.
Según el legislador proponente, la normativa actual “introdujo elementos que limitan las prestaciones de los servicios mínimos municipales”, razón por la cual consideró necesario flexibilizar su aplicación.
