El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas, exige reforzar los controles y mecanismos de prevención en el sistema financiero nacional.
Al encabezar el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aguilera afirmó que el crimen organizado está diversificando sus métodos para introducir capitales ilícitos, lo que representa una amenaza creciente para la integridad del sistema bancario dominicano.
“Para Banreservas es una prioridad mantenerse a la vanguardia de los estándares internacionales y de las mejores prácticas regionales, con controles más estrictos que impidan que los delincuentes utilicen la banca para enmascarar sus operaciones ilegales”, señaló.
El ejecutivo citó estimaciones de la ONU y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que calculan que el movimiento ilegal de dinero oscila entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, con flujos que superan los 800 mil millones de dólares cada año. “Estamos hablando de un delito global, complejo y de difícil detección, que requiere una respuesta firme y coordinada”, subrayó.
Aguilera destacó que la República Dominicana forma parte de más de 200 jurisdicciones que han adoptado recomendaciones y evaluaciones mutuas en esta materia, pero insistió en que el país debe seguir fortaleciendo sus marcos regulatorios para enfrentar los desafíos actuales.
El congreso también abordó los retos estratégicos que supone el lavado de activos para la seguridad nacional y el rol de la inteligencia artificial en la detección de riesgos financieros. Entre los expositores estuvieron la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso; el director de Beyond Risk, Oscar Moratto; y el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La actividad reunió a funcionarios, legisladores, empresarios y clientes de Banreservas, quienes coincidieron en que la prevención del lavado de activos es clave para preservar la estabilidad económica y la transparencia en la gestión pública y privada.
