El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), público este miércoles que la crisis humanitaria que atraviesa Haití ha forzado a más de 680.000 niños y niñas a abandonar sus hogares en 2025.
El informe de titulado “La infancia en peligro” advierte que, solo en la primera mitad de 2025, el número de campamentos para desplazados ascendió a 246, y muchos niños han tenido que huir en repetidas ocasiones ante la violencia generalizada.
La organización subraya que más del 33% de estos campamentos carecen de infraestructuras de protección básica, lo que incrementa el riesgo de violencia, explotación y abusos, especialmente para mujeres y menores.

Además, la utilización de escuelas como refugios ha interrumpido la educación de casi 500.000 estudiantes, agravando el colapso del sistema educativo.
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La crisis actual no se explica por un solo acontecimiento, sino por la acumulación de décadas de inestabilidad política, desigualdad económica, desastres naturales y debilitamiento institucional. Según el análisis de UNICEF, la situación se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, que desencadenó un vacío de poder y un aumento de la inseguridad.

Desde entonces, las pandillas armadas han expandido su control sobre barrios, puertos y carreteras nacionales, paralizando servicios, interrumpiendo el comercio y sembrando el terror en las comunidades.
En la actualidad, más del 85% de Puerto Príncipe y las principales vías de comunicación están bajo control de estos grupos, lo que priva a las familias de alimentos, atención médica y protección, y expone al personal humanitario a graves peligros.
El impacto sobre la infancia es devastador. UNICEF señala que más de 3,3 millones de niños requieren asistencia humanitaria y más de 1 millón enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria. Se estima que 288.544 menores de cinco años podrían padecer malnutrición aguda en 2025.
El colapso de los servicios de salud, agua y nutrición ha dejado a 3,8 millones de personas, incluidos más de 1 millón de niños, sin acceso regular a agua potable, lo que ha favorecido brotes de cólera y diarrea. Solo el 41% de los centros de salud en el área metropolitana de Puerto Príncipe permanece plenamente operativo, mientras que muchos han cerrado por inseguridad, falta de personal y suministros.
La educación atraviesa una crisis profunda. Durante el ciclo escolar 2024–2025, más de 1.600 escuelas fueron afectadas directamente por la inseguridad y 1.080 cerraron completamente.
Al menos uno de cada cuatro niños está fuera de la escuela, y 84 centros educativos funcionan como refugios colectivos para desplazados, lo que interrumpe el aprendizaje y expone a estudiantes y docentes a riesgos adicionales.
El acceso a la educación se ve aún más restringido por el hecho de que solo entre el 15% y el 20% de las escuelas son públicas, y aun así exigen pagos por libros y uniformes, lo que excluye a los menores de familias empobrecidas.


