La Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano afirmó este jueves que la Iglesia católica tiene una obligación moral de sanar a las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, y destacó que las indemnizaciones económicas y las sanciones tangibles contra los agresores y sus encubridores son medidas esenciales para lograr justicia.
En su segundo informe anual, la comisión centró su análisis en las reparaciones a las víctimas, un tema delicado dentro del Vaticano por sus implicaciones financieras, legales y reputacionales. El documento, preparado con el testimonio de 40 sobrevivientes de todo el mundo, expone los errores de la Iglesia en el manejo de los casos y detalla lo que las víctimas consideran necesario para su sanación.
El informe señala que los acuerdos monetarios son necesarios para financiar terapias y asistencia especializada, pero subraya que la deuda moral y espiritual de la Iglesia con las víctimas es mucho mayor. Pide a los líderes eclesiásticos escuchar a las víctimas, ofrecer disculpas públicas y garantizar castigos efectivos a los responsables.
“La Iglesia tiene una obligación moral y espiritual de sanar las profundas heridas infligidas por la violencia sexual perpetrada, facilitada, mal manejada o encubierta por personas en posiciones de autoridad”, señala el texto.
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El papa León XIV respalda la labor de la comisión
El reporte abarca el año 2024, previo a la elección del papa León XIV, el primer pontífice estadounidense. Desde su llegada al cargo, León ha reconocido que los abusos sexuales representan una “crisis persistente” para la Iglesia y ha reiterado que las víctimas “necesitan mucho más que compensaciones financieras” para sanar.
El Papa ha expresado su compromiso con la comisión creada por Francisco en 2014, que durante años enfrentó resistencia interna en el Vaticano para aplicar políticas centradas en las víctimas. En julio, León XIV nombró como nuevo presidente de la comisión al obispo francés Thibault Verny.
Durante la presentación del informe, Verny aseguró que el documento refleja una convicción central: “una cultura de prevención solo puede construirse con la participación activa de las víctimas”.
El texto fue elaborado mediante grupos de trabajo con sobrevivientes, quienes identificaron como prioridades la rendición de cuentas de los líderes eclesiásticos, el acceso a información sobre sus casos, la reforma estructural para sancionar a encubridores y abusadores, y la implementación de medidas efectivas de prevención.
“La comisión está comprometida a decir a las víctimas y sobrevivientes: ‘Queremos estar a su lado’”, afirmó Verny.
Críticas al sistema interno del Vaticano
El informe denuncia que el sistema interno de justicia canónica, basado en la confidencialidad y sin participación de las víctimas, puede ser retraumatizante.
“El patrón de décadas de manejar mal los reportes —abandonar, ignorar, avergonzar, culpar o estigmatizar a las víctimas— perpetúa el trauma como un daño continuo”, advierte.
Según la comisión, los procesos disciplinarios suelen resolverse tras años de espera, y las víctimas no tienen acceso a la información ni recursos reales. En muchos casos, las sanciones a sacerdotes culpables se limitan a retiros temporales, incluso en casos graves de abuso.
El documento pide que las sanciones sean “tangibles y proporcionales”, y que la Iglesia explique públicamente las razones de las destituciones o renuncias de clérigos implicados.
Auditoría revela desigualdades globales en la gestión de casos
El informe también incluyó una auditoría sobre políticas de protección infantil en más de una docena de países, dos órdenes religiosas, un movimiento laico y una oficina del Vaticano.
Los hallazgos muestran que la oficina de evangelización misionera, responsable de supervisar la Iglesia en África, Asia y regiones en desarrollo, dispone de recursos para tratar los casos, pero solo un pequeño número de ellos llega a Roma.
El texto advierte que en esas regiones la Iglesia aún está décadas detrás de Occidente en la denuncia y manejo de abusos, y que los tabúes culturales y la falta de transparencia dificultan la rendición de cuentas.
El Vaticano, concluye el informe, “aún tiene un largo camino por recorrer” para garantizar justicia a las víctimas y prevenir nuevos casos de violencia sexual dentro de la Iglesia.
AP
