Por Raúl Germán Bautista.- Este lunes 13 de abril continúa el juicio de fondo contra los implicados en el denominado caso Gaviota, una supuesta estructura criminal que movilizó, mediante un esquema piramidal, más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, con 332 víctimas afectadas.
De acuerdo con el expediente, la estructura prometía a las víctimas rendimientos mensuales de entre 10 % y 30 %, porcentajes muy por encima de los beneficios habituales del mercado financiero.
Entre los acusados figuran Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón.
Te puede interesar: MP pide apertura a juicio contra procesados en Operación Gaviota para el 25 de agosto
También están señaladas varias entidades, entre ellas Ixi Intermecom SRL, Guro Investments SRL, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos, COOPEES, Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva SRL, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
La calificación jurídica acogida por el tribunal corresponde a la violación del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, estafa a través de medios tecnológicos; así como a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado.
También incluye el artículo 3, literales a y b; el artículo 35, literal a; el artículo 68, literal a, numerales 1 y 5; y el artículo 70, literal a, numeral 1, de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, sobre intermediación financiera sin autorización.
Además, se imputan violaciones a los artículos 336, numerales 1, 5 y 6; 340 y 352 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, por captación de fondos sin autorización; así como el artículo 69 de la Ley 127-64 sobre Cooperativismo.
El expediente también contempla infracciones a los artículos 2, numerales 11 y 15; 3, numerales 1, 2, 3, 5, 7 y 9, numerales 1 y 2, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.


