El Gobierno argentino del presidente Javier Milei presentó una denuncia por terrorismo ante la Justicia Federal por los incidentes registrados el pasado miércoles durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso, en la que resultaron detenidas 71 personas.
La acusación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y encuadra los hechos bajo la Ley Antiterrorista, que prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas, de acuerdo a lo informado este viernes por EFE.
“El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema democrático argentino”, asegura el documento presentado por el representante legal del Ministerio, Lisandro Manuel Franco.
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La calificación de terrorismo habilita una investigación federal amplia, con penas más severas y sin excarcelación automática, a diferencia de delitos como daños o atentado contra la autoridad.
La presentación judicial también menciona los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados.
